Así lo ha manifestado la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho, que ha participado en el seminario “Colaboración público-privada y social para la conservación y restauración de la naturaleza: el papel de la custodia del territorio”, que han organizado la Fundación Biodiversidad del MITECO y la Fundación ”la Caixa” en el auditorio de los Jardines de Cap Roig, en Calella de Palafrugell (Girona).
El encuentro ha contado con la participación de representantes de administraciones públicas, sector empresarial, organismos internacionales y organizaciones del ámbito de la conservación y asociaciones privadas que han puesto de relieve el papel de la custodia del territorio como herramienta para la gestión del territorio y su valor para el sector privado.
En el seminario han participado Marc Vilahur, director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya; Ignacio Torres, subdirector de biodiversidad y cambio climático de la Fundación Biodiversidad; Miquel Rafa, líder del IUCN WCPA Specialist Group on Privately Protected Areas; y Sandra Carrera, directora de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.
También han participado, en otra mesa redonda, Manel Raventós, presidente de la asociación Propietats per a la Conservació de la Natura; Pilar Gegúndez, directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos de Holcim España; Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature y Marta Escamilla, presidenta del Club EMAS.
María Jesús Rodríguez de Sancho ha destacado que esta herramienta, basada en la voluntariedad y la participación, “está adquiriendo cada vez más fuerza gracias a la implicación de los agentes sociales y la ciudadanía”. Sigue creciendo el número de propietarios, titulares de terrenos y entidades que promueven acuerdos y mecanismos de colaboración para lograr un impacto positivo ambiental, cultural, económico y social en su territorio.
El último inventario de la custodia del territorio en España, elaborado por la Fundación Biodiversidad en el marco de la Plataforma de Custodia del Territorio, iniciativa que coordina, recoge ya más de 225 entidades de custodia implicadas en 3.100 acuerdos en casi 600.000 hectáreas, lo que demuestra la trascendencia que esta herramienta de conservación de la biodiversidad. En esta línea, el MITECO pretende incorporar la custodia del territorio en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
ESTRATEGIA PARA EL PERIODO 2023-2027
Desde el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se promueve el impulso de la custodia del territorio por parte de las administraciones públicas. En esta línea, se persigue, no sólo incluir la custodia en las diferentes normativas o el impulso de convocatorias de subvenciones, sino también mediante el fomento de acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
Por otro lado, la custodia del territorio puede ser un punto de entrada para la financiación de actuaciones de conservación de la naturaleza y, además, tiene un papel relevante en la recuperación y restauración de ecosistemas dañados como solución para aumentar la biodiversidad, amortiguar el impacto del cambio climático en las especies y prevenir las consecuencias de los desastres naturales.
Con el objetivo de responder a las nuevas demandas identificadas en el ámbito de la custodia del territorio en España, así como potenciar las iniciativas de custodia y las entidades que las gestionan, la Fundación Biodiversidad del MITECO ha elaborado una estrategia para el periodo 2023-2027, que plantea un nuevo marco de trabajo.
En los próximos años se pretende, a través de 58 acciones, lograr un colectivo de custodia más capacitado; un mejor acceso a recursos técnicos de utilidad, la dinamización de herramientas y de la comunicación; la mejora de los procesos de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos; el fomento de las políticas públicas en la materia con especial foco en una mayor seguridad jurídica e incentivos económicos vinculados a la eficacia de los acuerdos en la conservación y restauración de la biodiversidad; así como potenciar las oportunidades de financiación tanto nacional como internacional.