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Áreas de Conservación Privada y Comunal en el Perú, avances y propuestas a 20 años de su creación

Fecha de creación: 
Miércoles, 1 Enero, 2020

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) acaba de publicar, junto a la plataforma Conservamos por Naturaleza, el informe “Áreas de Conservación Privada en el Perú: avances metas y propuestas a 20 años de su creación”. La publicación se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de la Conservación Privada y Comunal en el Corredor de Conservación del Noreste del Perú”, financiado por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF). Un objetivo fundamental de dicho fondo es asegurar que la sociedad civil se dedique a la conservación de la biodiversidad.

El abogado ambiental Luis Zari, naturalista de campo y colaborador de Conservamos por Naturaleza, adelanta en la siguiente entrevista las claves recogidas en el citado informe, subrayando algunas de las coincidencias y diferencias existentes con el movimiento de custodia del territorio en España.

La publicación ofrece un análisis histórico del marco legal que regula las áreas de conservación privada (ACP) y reflexiones en torno al impacto de esas regulaciones. Además, propone una hoja de ruta para consolidar el marco legal e institucional que se requiere para que las ACP sigan siendo una de las principales herramientas para la conservación voluntaria en tierras privadas en el Perú.

 La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se fundó en 1986. Desde entonces ha trabajado en el diseño e implementación de instrumentos que favorezcan el desarrollo sostenible bajo principios de gobernanza, equidad y justicia, además de promocionar políticas y legislación ambiental en la misma dirección.

 Una de sus líneas estratégicas de trabajo, a través de la iniciativa Conservamos por Naturaleza, es el impulso de figuras de conservación voluntaria, como las Áreas de Conservación Privadas (ACP), así como la fórmula de Concesiones para Conservación y Ecoturismo, entre otras. Actualmente las ACP suman más de 130 reconocimientos  y casi cuatrocientas mil hectáreas.

 Del mismo modo, Conservamos por Naturaleza ha apoyado a más de 250 iniciativas de conservación y redes de conservación de privada a lo largo de todo el país, protegiendo hábitats de especies endémicas como el mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda) o el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), y ecosistemas tan importantes para la biodiversidad como el bosque de palmeras o el pajonal altoandino.

 Luis explica cómo dio comienzo la creación de las áreas de Conservación Privada en el Perú. “Desde que la Ley de Áreas Naturales Protegidas en 1997 introdujese las ACP, ha habido algunos cambios en el reconocimiento de las áreas, como el tipo de declaración, siendo ahora una resolución ministerial, o el proceso de solicitud, siendo más sencillo a día de hoy (aunque todavía resulta económicamente elevado para algunas comunidades). Sin embargo, lo que no ha cambiado es que las ACP sigan considerándose ‘complementarias’ al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y por tanto, la autoridad correspondiente no las considere prioritarias para la gestión, defensa y seguimiento. Esto ha sido motivo de que varios titulares de ACP nos digan que no se sienten amparados por las autoridades y cuestionen el reconocimiento de su predio”.

“Precisamente por esto, aunque la SPDA tenga más de 30 años, Conservamos por Naturaleza apenas tiene 7 y nace con la idea de viajar por todo el país, conocer las iniciativas de conservación existentes para poder difundirlas y reconocer el afán y trabajo que realizan cientos de personas en pro de la defensa y protección de sus bosques, ríos y recursos. Desde el apoyo legal en la creación y defensa de las áreas, hasta la promoción de esquemas de sostenibilidad financiera a través del turismo, productos locales y redes de colaboración, poco a poco se sigue trabajando en fortalecer y divulgar estos esfuerzos de todos los titulares de iniciativas privadas y así conectar cada vez más a la gente con la conservación desde todos los lados posibles”, puntualiza.

 Las iniciativas de conservación privada en el país han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia.

 “El aporte de la conservación privada a los sistemas oficiales de espacios protegidos es innegable. Ya no solamente por ser una herramienta rápida y flexible ante amenazas ambientales o aumentar las redes de conectividad y biodiversidad en una zona (como se ve en el informe, las ACP son cruciales para la protección de hábitats y especies de gran importancia), sino también por lo que supone en desarrollo local y comunitario: en Perú hay varias redes de conservación voluntaria donde participan privados y comunidades campesinas y que funcionan también como espacios de empoderamiento, generando sentido de pertenencia y reafirmación en la defensa ambiental e intercambio de ideas para fortalecer las áreas. Para mí esto es fundamental, porque ya no solo se trabaja en lo visible, sino que se empieza a trabajar en crear cultura y cuando esto pasa, por más que cambien administraciones, la red se mantiene fuerte. Este es uno de los grandes aportes de la conservación voluntaria”, destaca.

 En relación a cómo afecta la tenencia de terrenos a la conservación voluntaria y la conservación de carácter impositivo, todas las actividades que se realicen dentro de un terreno privado están limitadas a la legislación correspondiente relativa al patrimonio natural y sus recursos. “Aunque tengas reconocido un predio como ACP, esto no te da derecho a talar árboles sin el permiso correspondiente de la autoridad forestal. Y como este ejemplo, existen varias limitaciones al aprovechamiento y uso de la tierra, independientemente del reconocimiento del área. Esto es lo que llamaríamos condiciones impositivas en el uso de los recursos en el acceso a la propiedad (en España ocurre algo similar, con el suelo, ríos, etc.), que podrían jugar un rol importante en la conservación de espacios privados si se aplicaran y asesoraran correctamente a los usuarios, pero la realidad es otra y el control e institucionalidad en el país no es el ideal para implementar estas estrategias”.

En el país andino existen diferentes caminos para obtener figuras de conservación voluntaria que no son estrictamente las ACP.

“Las figuras contractuales que te permite el código civil son susceptibles de aplicarse con fines de conservación. En Perú ya hay casos de comodato o servidumbre, destinados a proteger recursos naturales como cuencas hídricas o bosques para el mantenimiento de especies endémicas –comenta–. Por otro lado, utilizar los esquemas administrativos de las concesiones para ceder el uso y aprovechamiento con fines ambientales, también es un camino que se ha explorado en el país, de hecho, la primera concesión para conservación del mundo está en Perú”.

En relación al papel que las ONG desempeñan en la conservación de carácter voluntario,  “sigue siendo relevante para el reconocimiento de áreas y en la búsqueda de estrategias para alcanzar la sostenibilidad financiera de las iniciativas.

Por otro lado, considero que hay un trabajo de seguimiento de las iniciativas por parte de las ONG que en diversas ocasiones, no se da. Esto es debido a que las organizaciones trabajan en la mayoría de ocasiones, por fondos que se ganan y no siempre es posible que estos fondos cubran las necesidades de seguimiento y defensa de las áreas. En Conservamos por Naturaleza se consiguió que algún fondo, pese a no estar dirigido exclusivamente a la continuidad de las ACP, tuviese una pequeña partida constante para atender urgencias y logística que se deriven de amenazas hacia las áreas. Este tipo de estrategias son fundamentales y paralelas al trabajo de base y de tejido social en las propias zonas donde se crean iniciativas conservacionistas”.

El apartado de los incentivos para que las iniciativas de conservación voluntaria crezcan es, en palabras de Zari,“el caballo de batalla de la conservación voluntaria tanto en Perú como en España. Aunque es verdad que Perú cuenta con algunos casos de aplicación de Pagos por Servicios Ambientales o Ecosistémicos en ACP y otros estímulos como la deducción de la renta para Concesiones de Ecoturismo, no existe todavía un esquema real de incentivos o marco legal que se aplique y  garantice que las iniciativas van a ser compensadas por sus esfuerzos en proteger la biodiversidad. El informe tiene propuestas que la SPDA lleva trabajando desde hace tiempo en materia fiscal, que al igual que en España, serían herramientas obligatorias que compensen las externalidades positivas que generan los usuarios de la tierra, teniendo siempre en cuenta las variantes vinculadas a la motivación de los usuarios, que no son solamente económicas”. El reto pasar por “pensar e implementar instrumentos que cambien el paradigma de que la biodiversidad no genera beneficios tangibles. Así, tenemos ejemplos de varios países, como Costa Rica, que han conseguido que un impuesto al combustible sirva para pagar las buenas prácticas de propietarios de bosques o Portugal por poner un ejemplo cercano, donde ya se aplica una deducción del IBI cuando se producen servicios ecosistémicos ‘no apropiables por el mercado’”.

 Luis entró en contacto con el movimiento de la custodia en España a raíz de CONAMA 2018, donde conoció la labor de la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad.

 “A partir de ahí, he tenido contacto con algunas redes de custodia y el trabajo que hacen con diferentes tipos de acuerdos, visitando también alguna finca cerca de Madrid. Bajo mi punto de vista, hay un camino largo que explorar todavía, sobre todo en la seguridad jurídica, incentivos, control y seguimiento de algunos acuerdos y por otro lado, en la comunicación del movimiento: existen casi 3.000 acuerdos y poca gente los conoce aún.

 No solo en Perú; en toda Iberoamérica, hay un movimiento creciente en conservación privada que sería interesante trasladar a congresos, intercambios y mesas de trabajo que se propongan aquí. Hay mucho que aprender de las herramientas existentes del otro lado del océano”.

El informe “Áreas de Conservación Privada en el Perú: avances metas y propuestas a 20 años de su creaciónrecoge diferentes propuestas, que van desde la asistencia y defensa de las áreas, titulación y regularización de tierras, hasta incentivos para fortalecer las iniciativas. “Es importante asumir la sostenibilidad y durabilidad de todo esto con un enfoque de largo plazo y el crecimiento de autonomía de los titulares. Por otro lado, creo que hay que empezar a asumir que para proteger la biodiversidad, tenemos que contar con una normalización de este tipo de prácticas y comportamientos de conservación. Como se dice en el informe, es fundamental crear una cultura de filantropía, que se vea reflejada no solamente en los propios titulares de los predios, sino en toda la sociedad. –reflexiona– Ahora, el concepto ‘cambio climático’ lo entiende muchísima gente y desde el Acuerdo de París, gobiernos, medios de comunicación y demás agentes han aceptado que actuar por el clima es el reto del siglo XXI.

Pues bien, llegar a un Acuerdo Mundial por la Naturaleza el próximo año, como ya piden varias organizaciones, donde existan obligaciones efectivas y vinculantes, reconociendo la importancia de las estrategias de conservación privadas, puede ayudar a que asumamos la protección de la biodiversidad como otro reto de nuestro tiempo y que países como Perú acepten su compromiso con las ACP y motivar un proceso de generalización de la cultura de conservación.

 Arriba imagen de la reunión celebrada en la sede madrileña de la Fundación Biodiversidad (marzo 2019) para estrechar lazos con iniciativas de custodia territorio iberoaméricanas. Desde arriba, en sentido horario: Andrea Caselli (Custodios del Territorio, Argentina); Luis Zari (SPDA, Perú); Carlos J. Durá (Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental); Ramón Martí (SEO/BirdLife); Sol Andrada-Vanderwilde (Fundación Amigos Águila Imperial); Justo Covisa (Fundación Caza Sostenible) y Antonio Ruiz (Foro de Redes y Entidades de Custodia de Territorio). Foto: Óscar Prada (Plataforma de Custodia del Territorio).